El Real Decreto 666/2023, aprobado en España, establece nuevas regulaciones para la sanidad animal, los cuidados veterinarios y el bienestar de los animales. Si bien la ley busca garantizar una mejor gestión de la salud animal y un mayor control sobre la actividad veterinaria, ha generado cierta preocupación y críticas entre los profesionales del sector.
Uno de los aspectos más negativos señalados por los veterinarios es la sobrecarga administrativa que impone la ley. El Decreto obliga a los veterinarios a cumplir con una serie de trámites burocráticos y reportes exhaustivos, lo que puede reducir el tiempo dedicado al cuidado directo de los animales. Esta carga administrativa es percibida como innecesaria y contraproducente, especialmente cuando el sistema de salud pública ya cuenta con suficientes protocolos para el control sanitario.
Otro punto crítico es la limitación en la autonomía profesional de los veterinarios. Algunos especialistas consideran que el Real Decreto regula de manera excesiva las decisiones clínicas, lo que puede interferir en el ejercicio de su labor y reducir la capacidad de juicio individual en situaciones complejas. Esta rigidez puede afectar a la calidad de los tratamientos, especialmente en casos donde se requiere una evaluación personalizada.
Además, la ley introduce una regulación más estricta sobre la tenencia y control de animales, lo que ha provocado preocupaciones sobre la implementación de medidas que podrían ser consideradas desproporcionadas o poco efectivas. Por ejemplo, el aumento de inspecciones y sanciones podría generar una mayor presión sobre los veterinarios, especialmente en zonas rurales, donde los recursos son limitados.
Aunque el RD666/2023 tiene el objetivo de mejorar la salud animal en España, las preocupaciones de los veterinarios sobre la sobrecarga administrativa, la limitación de su autonomía profesional y la implementación de medidas severas apuntan a que su aplicación podría ser problemática para el sector veterinario, los tutores y las mascotas, aumentando los costes en los tratamientos ya que en veterinaria todo lleva un IVA de 21% (único del sector sanitario que tiene un IVA de lujo), extendiendo el tiempo de espera en la obtención de tratamientos (por buscar en las farmacias los tratamientos recetados o esperando un cultivo para poder acceder al antibiótico necesario) y el encarecimiento de los tratamientos crónicos debido a que ya no se podrán utilizar fármacos de humanos para tratar enfermedades como epilepsia o leishmania, entre muchas otras.
En resumen la ley no está pensada para un funcionamiento práctico y aplicable en el día a día de un centro veterinario, distando mucho de conseguir una medicina veterinaria de calidad y al alcance de todos.
